Santo Domingo, República Dominicana. –La fe en la justicia dominicana no está muerta. 
Pero el país exige que los más altos tribunales actúen con independencia, objetividad y apego estricto a la Constitución y las leyes.
Departamento de Inspectoría del Poder JudicialTeléfono: 809-533-3191
Extensiones: 3427 / 3428
Dentro del expediente No. 4020-2022-EPEN-02852, actualmente conocido en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, se han denunciado múltiples vulneraciones de derechos fundamentales que deben ser valoradas de manera integral.
Este proceso judicial se desarrolla en un contexto donde existen:
Procesos disciplinarios conocidos dentro del Consejo del Poder Judicial contra servidores judiciales, algunos concluidos y otros sometidos ante la Comisión Disciplinaria Administrativa.
Denuncias que involucran a servidores judiciales como:
José Leonel Asencio Quesada
Elizabeth Rodríguez Espinal
Eduardo De Los Santos Rosario
Marcia R. Polanco De Sena
Richard F. Aquino Natera
Yorky A. Villalona Polanco
De igual forma, el país ha sido testigo del caso del exfiscal Andrés Marte, posteriormente destituido del Ministerio Público, en medio de señalamientos de posibles actos de prevaricación, manipulación procesal, fabricación de expedientes y beneficios indebidos dentro de estructuras de poder.
Asimismo, se ha denunciado la participación procesal del segundo teniente de la Policía Nacional Steven Yomax Báez Morel, en condiciones señaladas como contrarias al marco legal que regula la actuación de miembros activos de cuerpos armados dentro de procesos judiciales.
Análisis técnicos sobre el proceso han documentado posibles irregularidades estructurales, incluyendo manipulación del sistema judicial, violaciones al debido proceso, omisión de pruebas de descargo, uso abusivo de medidas coercitivas y vulneraciones a derechos humanos fundamentales �.
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Ante este escenario, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia tiene la responsabilidad histórica y constitucional de valorar:
El contexto completo del proceso Las denuncias disciplinarias existentes Las posibles actuaciones en prevaricación Las denuncias de manipulación procesal Las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas El impacto de actuaciones irregulares de funcionarios públicos dentro del procesoLa sociedad dominicana espera que el máximo tribunal penal del país garantice que el derecho prevalezca sobre cualquier estructura de poder.
La justicia no es un favor.
La justicia no se negocia.
La justicia no se vende.
La justicia es un derecho constitucional del pueblo dominicano.
En el expediente 4020-2022-EPEN-02852, la justicia dominicana tiene la oportunidad de demostrar que la ley está por encima de cualquier interés particular.
Hoy más que nunca, la justicia debe prevalecer. 
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